Poder otorgado a los Oficiales de Hacienda para cobrar los tributos, rentas y deudas que pertenezcan a la Corona.

El Rey Felipe ha sido informado que como los Oficiales de Hacienda de la Provincia de Cartagena no tienen “jurisdicción alguna para la cobranza de las deudas que se nos deben en esa tierra”, y por ello se dejan de cobrar muchas deudas que se deben a la Corona, “y que si vosotros, a cuyo cargo está el buen recaudo della, no tenéis autoridad para sacarla (I. 681) del poder de las personas que pretenden quedarse con ella, no puede dejar nuestra Hacienda de recebir daño”, y como la cobranza de tributos es de cosas “tan menudas y diferentes”, y para ello requieren de un mandamiento del Gobernador o a algún alcalde para poder cobrarlos, no pueden “cumplir bien con vuestros oficios, demás que la vejación a los negociantes y a los indios será muy grande”, por ello le suplican que otorgue la jurisdicción que se requiere para que los Oficiales puedan cobrar la Hacienda Real. El Rey le otorga poder y facultad a los Oficiales de esas tierras para que puedan cobrar “los tributos, rentas y otras hacienda y deudas que se nos deban y debieren de aquí adelante en esas dicha Provincia de Cartagena, y sobre ello hacer las ejecuciones, prisiones, ventas e remates de bienes y otras diligencias que convengan y sean necesarias, hasta cobrar lo que ansí se nos debiere, y ponerlo en el (I. 682) arca de las tres llaves”. También ordena al Gobernador y a cualquier justicia de esa provincia que no les pongan “embargo ni impedimento alguno, antes vos den y hagan dar todo el favor e ayuda que les pidiéredes y menester hobiéredes”, y que las apelaciones que se interpongan se tramiten ante el Presidente y Oidores de la Audiencia, “y no ante otro juez alguno” (I. 683).