Orden para que los casados que tienen sus mujeres en España las traigan o no regresen a las Indias.

El Príncipe Felipe envía al Gobernador o Juez de Residencia de la Provincia de Cartagena, y a las demás justicias de esas tierras, copia de una cédula dirigida al licenciado Miguel Díez Armendáriz, Juez de Residencia de las provincias de Santa Marta, Cartagena, Nuevo Reino de Granada, Popayán y Río de San Juan, fechada en Valladolid, el 7 de octubre de 1544, sobre los españoles casados que residen en las Indias sin sus esposas.
La cédula informa sobre la situación de algunos españoles que “tienen en estos reinos sus mujeres, e viven e se detienen por esa tierra mucho tiempo, viviendo apartados de sus mujeres sin hacer vida maridable con ellas como son obligados”, por lo cual “se sigue gran inconveniente a la población”, pues como “nunca viven de asiento en ella, … nunca se perpetúa ni atiende a edificar, ni plantar, ni criar, ni sembrar (I.133), ni hacer otras cosas que los buenos pobladores suelen hacer”, y por ello los pueblos no crecen como hubieran podido, “si nuestros súbditos que en ellas han poblado hubieran vivido con sus mujeres e hijos, como verdaderos vecinos dellas”.
Para remediar esta situación, el Príncipe Felipe ordena al Juez de Residencia Armendáriz, que averigüe qué personas casadas que tengan a sus mujeres en España viven en esas tierras, y les notifique que “vengan por sus mujeres,  “o no vuelvan a residir en esas partes si no fuere llevándolas consigo, o con probanzas bastantes que son ya muertas e que vuelven como personas libres no obligadas a matrimonio”.
Si alguno quiere obligarse a ir por su mujer a España, deberá otorgar fianzas que para que “dentro de dos años enviará por su mujer y la llevará a esa tierra para vivir con ella” (I. 134), y si no lo hace en el mencionado plazo, “ejecutaréis en ellos las dichas penas”, teniéndolos presos hasta que los embarque hacia España.
Para que pueda saber qué personas están casadas, solicitará a los prelados de la provincia que le informen.
Y si alguno de los que quiere ir por su mujer tiene indios encomendados en esa provincia, deberá dejar encargada a una persona de ellos y dar fianzas por las que se compromete a volver con su mujer en dos años y que se pagarán todos los tributos que “hubieren habido de los dichos indios en el dicho tiempo”. También les ordena que “durante el dicho tiempo, no consintáis ni deis lugar que le sean quitados ni removidos los indios u otras granjerías que tuvieren encomendados” (I.135).
Ahora, Íñigo López de Mondragón, en nombre de Luisa de Rojas, vecina de Sevilla, ha informado al Príncipe que hace 21 años que Alonso López de Ayala se casó con su representada, y que hace poco se fue a la Provincia de Cartagena “donde … ha estado y está, sin querer venir a hacer vida con ella, a cuya causa ella ha padecido … mucha necesidad … porque …no ha vuelto a estos reinos ni la ha proveído de cosa alguna,  e me suplicó en el dicho nombre vos mandase que luego compeliésedes y apremiásedes al dicho Alonso López de Ayala a que viniese luego a (I.136) estos reinos a hacer vida con la dicha su mujer”.
El Príncipe ordena al Gobernador, Juez de Residencia y a las  justicias de la Provincia de Cartagena que “veáis la dicha cédula que de suso va incorporada, e la guardéis e cumpláis y ejecutéis e hagáis guardar, cumplir y ejecutar en todo e por todo como en ella se contiene y declara” (I. 137).