Orden para pago de salarios a clérigos y sacristanes de los pueblos.

Jorge de Quintanilla y Juan Ortiz de Espinosa, en nombre de las villas de Santiago de Tolú y San Sebastián de Buena Vista de la Provincia de Cartagena, han informado al Rey Carlos y a los Regentes Maximiliano y a su esposa la Princesa María de Austria, que “la dicha villa de Santiago de Tolú era de hasta treinta e cinco vecinos, y la dicha villa de San Sebastián de Buena Vista de cinco o seis vecinos”, y por tener tan “poca vecindad” y ser muy pobres, “no se podían sustentar el clérigo y el sacristán que en ellas residen con el salario que nos les mandábamos dar”, y les suplican que de la Hacienda Real se dé a los clérigos 50.000 maravedís de salario y 20.000 a los sacristanes (I. 494). Los Regentes ordenan al Gobernador o Juez de Residencia de esa provincia procurar que en los pueblos que haya más de diez vecinos, sean sus habitantes quienes “paguen y contribuyan lo que os pareciese que buenamente pueden pagar para el dicho clérigo y sacristán”, y lo que falte para cumplir la cantidad que ordenaron dar a clérigos y sacristanes de otros pueblos, lo paguen los oficiales de la Real Hacienda de esa provincia cada año, y que tomen cartas de pago y registren los pagos en cuentas (I. 495).