Orden para que no le quiten a un vecino de Santiago de Tolú los pueblos de indios que tiene encomendados.

El Rey Carlos y el Príncipe Felipe envían al licenciado Miguel Díez de Armendáriz, Juez de Residencia de Cartagena, Santa Marta, Nuevo Reino de Granada, Popayán y Río San Juan, copia de una provisión “sobre el oír de pleitos de indios”, pues fueron informados por Diego Maldonado, “estante en la villa de Santiago de Tolú, que es en esa Provincia de Cartagena”, que el Gobernador y sus Tenientes, en remuneración a sus servicios, le habían encomendado varios pueblos de indios con los caciques “llamados Pelbis, Pelchocho, Macachaban, Cocuy, e otros pueblos de indios que fueron de Antón Sánchez, difunto, que se dicen Macilmoya y Macatameme, e que puesto que los había poseído pacíficamente, agora se temía e recelaba, que por le molestar, se la habían removido”, por ello les suplica que ordenen que no le quiten los indios que tenía encomendados, y que si ya se los hubieren quitado, se los devuelvan.

El Príncipe Felipe ordena al licenciado Díez que vea la carta enviada, “y la guardéis y cumpláis en todo y por todo como en ellas se contiene” (I. 405).