Demandas y acusaciones contra Heredia, su hijo y algunos de sus oficiales por las cuales le toman Residencia.

Demandas y acusaciones contra el Gobernador de la Provincia de Cartagena, don Pedro de Heredia, sus tenientes y oficiales, por las cuales el doctor Juan Maldonado, Fiscal de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, fue encargado por el Rey Carlos I para que durante 60 días les tome Residencia en la ciudad de Cartagena ante el Escribano de Residencia, Francisco Herrera.

Acusado: el Adelantado Heredia:

Los oficiales Hacienda de la Provincia de Cartagena “le demandan los frutos del repartimiento de Tubará que encomendó a Álvaro de Mendoza, siendo de su majestad”; le piden 600 pesos “que llevó de cierta plata” de la Corona, 5.000 pesos que se llevaron los franceses porque incumplió lo dispuesto por el Rey.

Martín Castro, en nombre de Diego Díaz Becerril, el licenciado Dueñas, Tome de Morillo, los herederos de Juan Martínez, Manuel Ramírez y Gaspar Herrera, lo acusa por ciertos dineros tomados por su hijo Antonio de Heredia de los depósitos de oro y plata, por ciertas deudas, por no exigir el pago de deudas que el maestre Pedro López debe, por 3.000 pesos que se llevaron los franceses, porque incumplió lo dispuesto por el Rey y adicionalmente, “le acusa criminalmente sobre cierta herida que se le dio por don Antonio su hijo, y otros” (I. 1).

Nicolás Beltrán, en nombre García Pardo, le cobra 347 pesos por cierta condena y en nombre de la Iglesia Catedral, le pide 1.000 pesos robados por los franceses, 500 pesos “por cargar indios de sus repartimientos, de daños”; 100 pesos por daños que le hizo a él y a Portillo y adicionalmente lo acusa de delitos contra “la Santa Madre Iglesia”.

Jorge de Quintanilla, como Tenedor de Bienes de Difuntos, le pide 70 pesos pertenecientes a un difunto y 600 pesos pertenecientes a otro.

En nombre de Bartolomé de Porras, difunto, “le pide dos negros que tiene en su poder” y 1.500 pesos “que se perdieron en la venta de ciertos bienes que hizo vender”. También le pide 1.400 pesos “que valieron ciertos bienes de un difunto, e los dio a un su hijo”; le cobra 820 pesos depositados por Diego Ramírez que pertenecían a otro difunto; le pide 300 pesos “en que está condenado por su persona y por un capítulo de una ejecutoria” (I.2), y 500 pesos que pertenecen a la Cámara Real.

Como Procurador Mayor de la ciudad de Cartagena, Quintanilla le pide 3.412 pesos y 200 ducados “por tres partidas de una ejecutoria”, 3.000 pesos que tomó que eran de la ciudad, y lo acusó “sobre muertes e malos tratamientos de indios e otros delitos graves”.

El Licenciado Miguel Díez de Armendáris le solicita probar “ciertos capítulos de que dio noticia en el Consejo Real de Indias contra él” y lo acusa de delitos contra el Rey cometidos en Cartagena y en Santa Marta.

Diego Ruiz, en nombre de Alonso López de Ayala, “le pide ciertos bienes que vendió suyos el licenciado Zurita” y no lo evitó.

Alonso de Saavedra le pide ciertas “partidas tocantes a las cuentas e Hacienda Real”, una huerta y solar que le quitó y 2.000 castellanos “que por su causa le llevaron los franceses”.

Juan de Palacios “le pide una estancia que le quitó” para hacerla ejido y 3.000 pesos que perdió por su causa.

El Teniente de Tesorero Juan Martínez de Urista, le pide 300 pesos que ha dado a particulares de dineros de la Corona(I.3); Juan de Aguilar le pide 300 pesos “por cierto conocimiento”; Antón Manso le pide 117 pesos por no hacerle justicia en lo que le ha pedido; Gabriel de Cogollos le pide 1.500 pesos por daños “que se le han seguido … por no le hacer justicia, y Francisco Gómez le pide 350 [maravedís] “que le tomaron por su causa”.

Gerónimo de Mercado, en nombre de Francisco de Tapia, le pide la plata que depositó en su hijo Antonio de Heredia; Diego de Molina le reclama “que procedió contra él e no le hizo justicia”, y Rodrigo de Verdecia le cobra 45 pesos “que sacó de un depósito a que tenía derecho”.

Juan Moreno le pide 1.500 pesos por haberle “quemado un pueblo de indios suyo”, más 500 pesos por “haberle molestado ciertos indios” y lo acusa de “ciertos capítulos de delitos”.

Acusado: Antonio de Heredia, hijo de Pedro de Heredia:

Diego Ruiz, en nombre de Alonso López de Ayala, le pide 100 pesos “de una canoa”.

Nicolás Beltrán le pide 800 pesos por los daños que tuvieron sus indios por sacarlos de sus pueblos “e dejar sus labranzas” y 500 pesos más por castigarlos (I. 4). Juan Moreno le pide 600 pesos por sacar a sus indios y llevarlos a la fuerza a la Cimitarra.

Acusado: Capitán Álvaro de Mendoza:

Diego de Molina le pide 7 vacas “que le tomó y las dio a otra persona” y Hernando de las Casas le pide 40 pesos “e cierto maíz, e unas cosas que le vendió”.

Acusado: Diego Maldonado:

Pedro Pérez le pide 300 pesos por “haberle hecho” un proceso injustamente y Martín Méndez le pide 300 pesos por “haberle tomado un cacique suyo y héchole muchas molestias”.

Acusado: Bachiller Juan Sánchez:

Juan Martínez de Uribia lo acusa por decir contra el Rey “ciertas palabras sobre el alteración del Perú”; le pide 500 pesos por haberle quitado ciertos pueblos de indios; lo acusa de haber sacado “ciertos indios de sus tierras”, que le quitó ciertos indios y lo tuvo preso, y le acusa de que siendo Sánchez Teniente de Tesorero en Mompós, sacó una barra de plata (I.5).

Rodrigo de Todecia le acusa de amarrar a un cacique a quien le quitó unos pueblos de indios “y los dio a otras personas”; que “le quitó ciertos pueblos e maltrató los indios”; le cobra 500 pesos por “cierta hacienda que por su causa perdió”; 1.500 pesos por los gastos de los procesos “dados por ningunos” que hizo en su contra; 1.000 pesos que le debía “el Fator Juan Cruz, y por su causa no los cobró”, que siendo Alcalde el señor Todecia, “le quitó la vara y la dio a otro, a fin de hacer cierto delito”, y presenta “ciertos capítulos de delitos” cometidos por Sánchez.

Acusado: Pedro de Peñalosa:

Rodrigo de Todesia le acusa de sacar ciertos indios de un pueblo suyo y maltratarlos, por lo cual algunos murieron, y también le cobra “un caballo que le tomó”.

Nicolás Beltrán, en nombre de Juan Rodríguez, le pide 100 pesos que le prestó; Juan Moreno le pide 30 pesos y 12.192 maravedís en que “le condenó por sentencia”; y Cristóbal Rodríguez Peñate le cobra los días “que tuvo preso a un su negro, e ciertos malos tratamientos que se hicieron a un cacique” (I.6).

Acusado: Domingo de M[ilegible]: Jorge de Quintanilla, en nombre de los herederos de Porras, le pide 1.000 pesos “de la renta de un tejar que tomó a los dichos herederos”; y el Alguacil Rodrigo Padilla le pide el oro que tomó de su casa y “ciertas botijas de vino” (I. 7).